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Family LawEl servicio de asesoramiento técnico de familia (SATAF)

agosto 5, 20200

El objetivo principal del SATAF es dar respuesta a las peticiones judiciales de asesoramiento técnico de los juzgados especializados y de primera instancia de familia, primera instancia e instrucción, violencia sobre la mujer (VIDO) y audiencias provinciales de toda Cataluña con sus territoriales cada demarcación provincial (Barcelona, ​​Tarragona, Lleida y Girona). Así, la composición la forman cuatro equipos: uno en Barcelona y los tres de territorios (en Girona, Lleida y Tarragona). El equipo de Barcelona está formado por la responsable de los equipos, personal administrativo y por 27 profesionales que con coherencia con el marco legal son psicólogos y trabajadores sociales. Los equipos de los servicios territoriales están formados por cuatro profesionales y una administrativa en cada territorio. Todos los profesionales están especializados en relaciones familiares en el ámbito judicial civil y, concretamente, en la evaluación psicológica, social y psicosocial respecto familias con hijos inmersas en un procedimiento judicial. No hay figuras intermedias de coordinación y hay que estructurar el Servicio como tal, con el fin de promocionar un funcionamiento adecuado a las necesidades actuales y para mantener una correcta organización funcional. La tarea profesional implica proporcionar a los órganos judiciales un informe con elementos psicosociales de análisis y valoración que les faciliten una visión global de la situación de las personas y del grupo familiar en conflicto y los ayuden a la toma de decisiones judiciales. Jueces y magistrados consideran los dictámenes técnicos, incluyéndolos en el conjunto de medios de prueba de que disponen en cada caso particular, como un factor más a tener en cuenta entre los elementos que los guíen en la toma de decisiones, teniendo siempre presente su carácter no vinculante, tal como dispone el Código civil. La finalidad del Servicio persigue promocionar la economía procesal, la independencia pericial, aportar mayor rapidez al proceso jurídico y una importante especialización. Los conflictos familiares son valorados desde una perspectiva no jurídica, desde la comprensión de los vínculos emocionales, de las comunicaciones y de los roles familiares, humanizando un procedimiento judicial que trata de dirimir sobre relaciones personales íntimas. La finalidad es aportar al procedimiento jurídico una información profesional, pertinente y clara, teniendo siempre presente la responsabilidad que se desprende del trabajo con familias en situación de crisis y, especialmente, con menores. Los profesionales de los equipos ejercen las mismas tareas y bajo los mismos objetivos, y en este sentido, la interdisciplinariedad y la complementariedad de sus funciones específicas deviene primordial, atendiendo la actuación psicosocial inherente a la filosofía de trabajo del Servicio y por la riqueza que supone su combinación. En todo caso, la asignación de uno u otro profesional en la ejecución de los programas queda señalada por la misma demanda judicial, el contenido de la información del expediente judicial y la especificidad del programa asignado a la demanda. Los criterios de asignación quedan expuestos en el documento del marco administrativo del Servicio, y forman parte de la organización general del equipo descrita en su contenido. el Servicio de Asesoramiento Técnico de Familia tiene como función asesorar a los órganos judiciales respecto de aquellas cuestiones que se enmarcan en el ámbito de la familia y la infancia. En este sentido, la intervención nace a partir de la petición de los juzgados e implica, consecuentemente, evaluar una familia con hijos que está inmersa en un procedimiento de separación, divorcio, reclamación de visitas, etc. También se da respuesta a las peticiones de asesoramiento en procedimientos de oposición a tutela administrativa y de idoneidad de la adopción. En cuanto a la ejecución de sentencias judiciales, el SATAF responde a las peticiones de seguimiento de las sentencias Cabe enfatizar que las intervenciones del Servicio enmarcan en procedimientos judiciales de controversia. En los procedimientos de familia a menudo hay dificultades en los adultos para llegar a un consenso sobre la separación, divorcio o cuestión relacionada con la ruptura; por tanto, la intervención habitualmente se lleva a cabo en un contexto familiar complejo donde, frecuentemente, el conflicto y las dinámicas disfuncionales son los elementos básicos en las relaciones familiares. En los otros procedimientos (tutela y adopción) la controversia está relacionada con los desacuerdos de los progenitores biológicos de los menores tutelados y con las peticiones de adopción de menores por parte de familias que han sido evaluadas como no viables para la institución pertinente. En este contexto, la intervención del SATAF defensa y promociona el principio del interés superior del menor, principio rector y fundamental tanto en la legislación estatal como autonómica que toma como marco de referencia la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos de la Infancia. A menudo, este principio (interés superior del menor) es mencionado y recogido en muchas leyes y normativas, pero su puesta en marcha en situaciones judiciales añade el elemento diferencial de las intervenciones técnicas: la actuación del SATAF se da sólo en los procedimientos que hay menores implicados. Es por este motivo y, ante la existencia de situaciones de riesgo para la infancia, que hay que explicar cómo entendemos en nuestro contexto la definición de niño y sus derechos, que son los que se deben proteger y promocionar. Desde el Servicio se entiende como niño aquel niño, niña o adolescente que no tiene la mayoría de edad y que por su condición y posición en su familia tiene una serie de necesidades que de manera autónoma no puede satisfacer y necesita de un tercero para cubrirlas (padres, 10 Generalitat de Cataluña Departamento de Justicia abuelos, hermanos, etc). Es una persona que siente, piensa, se expresa y ama y que a la vez necesita alguien que piense en él, que lo sienta y que la quiera. Esta tarea corresponde a los progenitores o en su ausencia a otras personas; tarea que, en ocasiones, resulta difícil y complicada ya sea por las características personales de los padres, por la inexperiencia en la tarea parental, por los condicionantes sociales y ambientales y / o por la idiosincrasia de toda persona y sociedad. ¿Qué pasa cuando los progenitores no pueden asumir o no saben asumir su rol parental? Cuando la familia se divide? Cuando hay discrepancias significativas en la atención y cuidado del menor? Estas y muchas otras preguntas son objeto de la intervención profesional del Servicio. Intervención que, como hemos señalado anteriormente, se da en un contexto judicial de conflicto o de falta de acuerdos, por lo tanto, requiere, tal como dispone el ordenamiento jurídico, de una intervención mínima. En este aspecto, hay que señalar que la intervención del Servicio persigue articular las acciones oportunas que permitan dar respuesta a la petición judicial y evitar la multiintervenció y la victimización secundaria. Así, el fin de la intervención tiene dos objetivos: por un lado responder al juzgado y, por otro, reducir las tensiones y promover la búsqueda de soluciones consensuadas con las familias desde una perspectiva de corresponsabilización, objetivo que permitirá un mejor bienestar al menor. La experiencia acumulada demuestra que si los progenitores adoptan un ejercicio parental de responsabilidad mutua, el interés superior del menor queda garantizado, en la mayoría de los casos. Asimismo, hay que señalar que la evaluación parte inicialmente de entrevistas con progenitores y de coordinaciones con diferentes servicios o profesionales que intervengan con el grupo familiar. Asimismo, en cada caso particular, hay que valorar mediante criterios validados por el equipo la viabilidad de llevar a cabo una intervención directa o indirecta del menor, atendiendo al principio de su mejor interés. 11 Generalitat de Cataluña Departamento de Justicia Los principios básicos que vienen marcados por la misma institución y que fundamentan los criterios de actuación que hemos expuesto son: – El interés supremo de los menores, que está estrechamente relacionado con la responsabilidad de sus progenitores o representantes legales y con lo que estos puedan aportar a nivel afectivo, relacional y educativo. – La igualdad ante la ley de todas las personas objeto de la intervención, que obliga a actuar desde una perspectiva de neutralidad, imparcialidad y objetividad. – El respeto de los derechos y las garantías, que requiere informar a las partes en litigio sobre cuál es el motivo de la intervención, el encargo judicial, la metodología que se utilizará, el fin de la intervención y el destino de la información. Los técnicos tienen el deber de informar a las partes y éstas tienen derecho a conocer el motivo de la intervención, como se hará y cuál es el destino y la finalidad del informe. – El respeto del derecho a la intimidad de las personas, que obliga a actuar dentro de los límites estrictamente necesarios para la elaboración del informe, evitando injerencias ilegítimas en la esfera personal, social o laboral de los litigantes y de los menores . – El principio de corresponsabilidad, que implica una redefinición de las responsabilidades de los litigantes como padres. – El principio de competencia, que establece los límites de la intervención de acuerdo con los objetivos señalados en cada programa. – Los principios de eficacia y de eficiencia, que obligan a dar un cumplimiento adecuado al requerimiento judicial sin dilaciones y respetando los plazos establecidos. Asimismo, y dado que la práctica profesional del Servicio enmarca en el ámbito judicial, los profesionales no están sujetos a la confidencialidad pero aplican los principios fundamentales de sus disciplinas, así como los códigos deontológicos que rigen estas profesiones.

El Servicio de Asesoramiento Técnico de Familia tiene como función asesorar a los órganos judiciales respecto de aquellas cuestiones que se enmarcan en el ámbito de la familia y la infancia. En este sentido, la intervención nace a partir de la petición de los juzgados e implica, consecuentemente, evaluar una familia con hijos que está inmersa en un procedimiento de separación, divorcio, reclamación de visitas, etc. También se da respuesta a las peticiones de asesoramiento en procedimientos de oposición a tutela administrativa y de idoneidad de la adopción. 9 Generalitat de Cataluña Departamento de Justicia respecto a la ejecución de sentencias judiciales, el SATAF responde a las peticiones de seguimiento de las sentencias Cabe enfatizar que las intervenciones del Servicio enmarcan en procedimientos judiciales de controversia. En los procedimientos de familia a menudo hay dificultades en los adultos para llegar a un consenso sobre la separación, divorcio o cuestión relacionada con la ruptura; por tanto, la intervención habitualmente se lleva a cabo en un contexto familiar complejo donde, frecuentemente, el conflicto y las dinámicas disfuncionales son los elementos básicos en las relaciones familiares. En los otros procedimientos (tutela y adopción) la controversia está relacionada con los desacuerdos de los progenitores biológicos de los menores tutelados y con las peticiones de adopción de menores por parte de familias que han sido evaluadas como no viables para la institución pertinente. En este contexto, la intervención del SATAF defensa y promociona el principio del interés superior del menor, principio rector y fundamental tanto en la legislación estatal como autonómica que toma como marco de referencia la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos de la Infancia. A menudo, este principio (interés superior del menor) es mencionado y recogido en muchas leyes y normativas, pero su puesta en marcha en situaciones judiciales añade el elemento diferencial de las intervenciones técnicas: la actuación del SATAF se da sólo en los procedimientos que hay menores implicados. Es por este motivo y, ante la existencia de situaciones de riesgo para la infancia, que hay que explicar cómo entendemos en nuestro contexto la definición de niño y sus derechos, que son los que se deben proteger y promocionar. Desde el Servicio se entiende como niño aquel niño, niña o adolescente que no tiene la mayoría de edad y que por su condición y posición en su familia tiene una serie de necesidades que de manera autónoma no puede satisfacer y necesita de un tercero para cubrirlas (padres, 10 Generalitat de Cataluña Departamento de Justicia abuelos, hermanos, etc). Es una persona que siente, piensa, se expresa y ama y que a la vez necesita alguien que piense en él, que lo sienta y que la quiera. Esta tarea corresponde a los progenitores o en su ausencia a otras personas; tarea que, en ocasiones, resulta difícil y complicada ya sea por las características personales de los padres, por la inexperiencia en la tarea parental, por los condicionantes sociales y ambientales y / o por la idiosincrasia de toda persona y sociedad. ¿Qué pasa cuando los progenitores no pueden asumir o no saben asumir su rol parental? Cuando la familia se divide? Cuando hay discrepancias significativas en la atención y cuidado del menor? Estas y muchas otras preguntas son objeto de la intervención profesional del Servicio. Intervención que, como hemos señalado anteriormente, se da en un contexto judicial de conflicto o de falta de acuerdos, por lo tanto, requiere, tal como dispone el ordenamiento jurídico, de una intervención mínima. En este aspecto, hay que señalar que la intervención del Servicio persigue articular las acciones oportunas que permitan dar respuesta a la petición judicial y evitar la multiintervenció y la victimización secundaria. Así, el fin de la intervención tiene dos objetivos: por un lado responder al juzgado y, por otro, reducir las tensiones y promover la búsqueda de soluciones consensuadas con las familias desde una perspectiva de corresponsabilización, objetivo que permitirá un mejor bienestar al menor. La experiencia acumulada demuestra que si los progenitores adoptan un ejercicio parental de responsabilidad mutua, el interés superior del menor queda garantizado, en la mayoría de los casos. Asimismo, hay que señalar que la evaluación parte inicialmente de entrevistas con progenitores y de coordinaciones con diferentes servicios o profesionales que intervengan con el grupo familiar. Asimismo, en cada caso particular, hay que valorar mediante criterios validados por el equipo la viabilidad de llevar a cabo una intervención directa o indirecta del menor, atendiendo al principio de su mejor interés. 11 Generalitat de Cataluña Departamento de Justicia Los principios básicos que vienen marcados por la misma institución y que fundamentan los criterios de actuación que hemos expuesto son: – El interés supremo de los menores, que está estrechamente relacionado con la responsabilidad de sus progenitores o representantes legales y con lo que estos puedan aportar a nivel afectivo, relacional y educativo.

La igualdad ante la ley de todas las personas objeto de la intervención, que obliga a actuar desde una perspectiva de neutralidad, imparcialidad y objetividad. – El respeto de los derechos y las garantías, que requiere informar a las partes en litigio sobre cuál es el motivo de la intervención, el encargo judicial, la metodología que se utilizará, el fin de la intervención y el destino de la información. Los técnicos tienen el deber de informar a las partes y éstas tienen derecho a conocer el motivo de la intervención, como se hará y cuál es el destino y la finalidad del informe. – El respeto del derecho a la intimidad de las personas, que obliga a actuar dentro de los límites estrictamente necesarios para la elaboración del informe, evitando injerencias ilegítimas en la esfera personal, social o laboral de los litigantes y de los menores . – El principio de corresponsabilidad, que implica una redefinición de las responsabilidades de los litigantes como padres. – El principio de competencia, que establece los límites de la intervención de acuerdo con los objetivos señalados en cada programa. – Los principios de eficacia y de eficiencia, que obligan a dar un cumplimiento adecuado al requerimiento judicial sin dilaciones y respetando los plazos establecidos. Asimismo, y dado que la práctica profesional del Servicio enmarca en el ámbito judicial, los profesionales no están sujetos a la confidencialidad pero aplican los principios fundamentales de sus disciplinas, así como los códigos deontológicos que rigen estas profesiones.

El Servicio de Asesoramiento Técnico de Familia tiene como función asesorar a los órganos judiciales respecto de aquellas cuestiones que se enmarcan en el ámbito de la familia y la infancia. En este sentido, la intervención nace a partir de la petición de los juzgados e implica, consecuentemente, evaluar una familia con hijos que está inmersa en un procedimiento de separación, divorcio, reclamación de visitas, etc. También se da respuesta a las peticiones de asesoramiento en procedimientos de oposición a tutela administrativa y de idoneidad de la adopción. 9 Generalitat de Cataluña Departamento de Justicia respecto a la ejecución de sentencias judiciales, el SATAF responde a las peticiones de seguimiento de las sentencias Cabe enfatizar que las intervenciones del Servicio enmarcan en procedimientos judiciales de controversia. En los procedimientos de familia a menudo hay dificultades en los adultos para llegar a un consenso sobre la separación, divorcio o cuestión relacionada con la ruptura; por tanto, la intervención habitualmente se lleva a cabo en un contexto familiar complejo donde, frecuentemente, el conflicto y las dinámicas disfuncionales son los elementos básicos en las relaciones familiares. En los otros procedimientos (tutela y adopción) la controversia está relacionada con los desacuerdos de los progenitores biológicos de los menores tutelados y con las peticiones de adopción de menores por parte de familias que han sido evaluadas como no viables para la institución pertinente. En este contexto, la intervención del SATAF defensa y promociona el principio del interés superior del menor, principio rector y fundamental tanto en la legislación estatal como autonómica que toma como marco de referencia la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos de la Infancia. A menudo, este principio (interés superior del menor) es mencionado y recogido en muchas leyes y normativas, pero su puesta en marcha en situaciones judiciales añade el elemento diferencial de las intervenciones técnicas: la actuación del SATAF se da sólo en los procedimientos que hay menores implicados. Es por este motivo y, ante la existencia de situaciones de riesgo para la infancia, que hay que explicar cómo entendemos en nuestro contexto la definición de niño y sus derechos, que son los que se deben proteger y promocionar. Desde el Servicio se entiende como niño aquel niño, niña o adolescente que no tiene la mayoría de edad y que por su condición y posición en su familia tiene una serie de necesidades que de manera autónoma no puede satisfacer y necesita de un tercero para cubrirlas (padres, 10 Generalitat de Cataluña Departamento de Justicia abuelos, hermanos, etc). Es una persona que siente, piensa, se expresa y ama y que a la vez necesita alguien que piense en él, que lo sienta y que la quiera. Esta tarea corresponde a los progenitores o en su ausencia a otras personas; tarea que, en ocasiones, resulta difícil y complicada ya sea por las características personales de los padres, por la inexperiencia en la tarea parental, por los condicionantes sociales y ambientales y / o por la idiosincrasia de toda persona y sociedad. ¿Qué pasa cuando los progenitores no pueden asumir o no saben asumir su rol parental? Cuando la familia se divide? Cuando hay discrepancias significativas en la atención y cuidado del menor? Estas y muchas otras preguntas son objeto de la intervención profesional del Servicio. Intervención que, como hemos señalado anteriormente, se da en un contexto judicial de conflicto o de falta de acuerdos, por lo tanto, requiere, tal como dispone el ordenamiento jurídico, de una intervención mínima. En este aspecto, hay que señalar que la intervención del Servicio persigue articular las acciones oportunas que permitan dar respuesta a la petición judicial y evitar la multiintervención y la victimización secundaria. Así, el fin de la intervención tiene dos objetivos: por un lado responder al juzgado y, por otro, reducir las tensiones y promover la búsqueda de soluciones consensuadas con las familias desde una perspectiva de corresponsabilización, objetivo que permitirá un mejor bienestar al menor. La experiencia acumulada demuestra que si los progenitores adoptan un ejercicio parental de responsabilidad mutua, el interés superior del menor queda garantizado, en la mayoría de los casos. Asimismo, hay que señalar que la evaluación parte inicialmente de entrevistas con progenitores y de coordinaciones con diferentes servicios o profesionales que intervengan con el grupo familiar.

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