ESTADO DE ALARMA. Suspensión de los plazos y términos civiles y procesales.

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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Disposición Adicional 3ª ha acordado la suspensión e interrupción de los plazos administrativos, y la Disposición adicional 4ª ha acordado la suspensión, durante el plazo de vigencia del estado de alarma  de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos.

Se han suspendido todas las actuaciones judiciales, salvo las muy urgentes.

La instrucción del TSJC considera como urgentes:

  1. Los servicios de guardia.
  2. Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar
    perjuicios irreparables.
  3. Internamientos urgentes del artículo 763 de la L.E.C.
  4. Medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las
    medidas de protección de menores del artículo 158 CC.
  5. Registro Civil: Expedición de licencias de enterramiento; celebración
    de matrimonios; e inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.
  6. Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como
    adopción de medidas cautelares urgentes, entradas y registros, etc.
  7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.
  8. Órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de
    violencia sobre la mujer y menores.
  9. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
  10. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las
    autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables,
    derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente
    medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y recursos contencioso electorales.
  11. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados
    urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes.
  12. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos
    fundamentales y que sean urgentes (es decir, aquellos cuyo
    aplazamiento impediría o haría muy gravosa la obtención de la tutela
    judicial reclamada).

Esta situación de estado de alarma, no puede perjudicar, salvo la demora, de los procesos entablados, o los que se pretendan interponer, pues lo plazos procesales, así como los plazos para los ejercicios de las acciones han quedado suspendidos.